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Violencia sexual: un debate que apenas comienza en la JEP

January 16, 2019

El caso de una mujer violada por un soldado abrió un importante debate en la Jurisdicción Especial para la Paz: ¿cuándo un hecho de estos está relacionado con el conflicto? ¿Cuándo, entonces, podrán los implicados recibir beneficios penales?

 No hay claridad sobre en qué casos de violencia sexual los actores fueron “influenciados” por la guerra. / EFE

 

 

En la madrugada del 2 de septiembre de 2005, tres hombres armados, vestidos de camuflado, que portaban armas largas y se tapaban el rostro con pañoletas, llegaron a la vereda Pueblitos, ubicada en El Zulia, Norte de Santander. Ingresaron a la fuerza a algunas casas, hurtaron sus pertenencias y abusaron sexualmente de dos mujeres.Uno de los responsables por este crimen, un soldado del Ejército, ha intentado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que desató un intenso debate.

 

El agresor, identificado, es Orlando Guerrero Ortega. Pertenecía al Batallón de Ingenieros No. 5 “Francisco José de Caldas”, que para la época de los hechos, estaba acantonado en el sector conocido como La Y de Astilleros, supuestamente haciendo control de área. Fue condenado el 23 de noviembre de 2016, tras aceptar cargos, a 8 años y 6 meses de prisión. Recluso en el centro carcelario de Bucaramanga, manifestó su intención de acogerse a la JEP y solicitó ser trasladado a una prisión en una unidad militar, tal como contempla la Ley de Amnistía y Trato Diferenciado.

 

¿Cuándo un acto de violencia sexual está relacionado con el conflicto? ¿Pueden los integrantes de las Fuerzas Armadas recibir beneficios o incluso la libertad por crímenes tan graves como este? El asunto es clave pues la JEP, pues se trata de un fenómeno perpetrado por todas las partes de la guerra colombiana, que tiene como precedente episodios escabrosos como el del subteniente (r) del Ejército Raúl Muñoz Linares, condenado a 60 años de prisión por violar y matar a niña en Tame, Arauca, así como asesinar a sus hermanitos en 2010. Linares también manifestó su intención de acogerse a la JEP.

 

En el caso del soldado Guerrero Ortega, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la posibilidad de trasladarlo a una unidad militar, en una decisión que no fue unánime. La razón fue que el militar no cumplía con uno de los requisitos indispensables, y es que los hechos tengan que ver con el conflicto. La Sala dijo que el crimen que cometió Guerrero no fue consecuencia de las habilidades que adquirió durante el conflicto y que este no pesó a la hora de decidirse a robar y a violar a las dos mujeres

 

Para la Sala, se trató de lo que la jurisprudencia internacional llama“delitos domésticos”. “El soldado Guerrero al ejecutar los delitos no se valió del poder que tenía como miliar ni del dominio que podía ejercer en la población por tal condición”, dice la decisión. En cambio, la Sala tuvo en cuenta que Guerrero confesó haber consumido drogas. “El día antes de los hechos nos reunieron a mí y a mi escuadra, nos mandaron hacia la vía que va hacia Ocaña (…) Los soldados Ibáñez y Jaimes Caicedo me propusieron salir del lugar, yo ya había consumido la marihuana (…) Lo esencial era conseguir la plata que ellos me dijeron, allí se produjeron los robos que se señalan y los accesos carnales”, dijo en su indagatoria.

 

Así, para la Sala el soldado violó a las dos mujeres precisamente por ser mujeres: “Sus cuerpos fueron instrumentalizados como fuente de satisfacción masculina”. Y citó un concepto de la Comisión de Género de la JEP, de junio de 2018, que dice que no todos los delitos de violencia sexual y de género, aunque sucedan durante el conflicto, están relacionados con este. Allí se dice que se debe tener en cuenta que el autor del delito sepa la relación entre el delito que cometió y el contexto de violencia.

 

Pero el magistrado Mauricio García Cadena no estuvo de acuerdo con esta posición. En su salvamento de voto de 16 páginas, el jurista consideró que no se hizo un análisis sobre la “influencia del conflicto” en el crimen. Además, dijo, no se hizo un estudio profundo de elementos que podrían evidenciar una conexión del caso con la confrontación armada, “lo que, en opinión del suscrito, invisibiliza las dinámicas de violencia sexual cometida por miembros de las Fuerzas Armadas y va en clara contravía al espíritu del Acuerdo Final de Paz”... Para leer más presiones aquí

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